Hacienda investiga a la mitad de la junta directiva del Barça

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La Agencia Tributaria inspecciona aportaciones que los dirigentes del club hicieron a la campaña de Sandro Rosell y que se dedujeron a través de empresas de su propiedad

La junta directiva de Sandro Rosell tomó posesión del FC Barcelona en 2010 | Archivo

18 de febrero de 2015 (00:00 CET)

La larga mano de Hacienda se cierne sobre el Barça. Al menos así lo perciben sus principales directivos, que pese a referirse con la máxima prudencia a cualquier actuación del Fisco, ven una especie de campaña persecutoria en la apertura de inspecciones tributarias sobre casi la mitad de los integrantes de la junta directiva del club, según ha podido conocer este medio, y en el centro de la controversia sobre la fiscalidad del fichaje del brasileño Neymar. 

La razón esgrimida por la Agencia Tributaria para revisar las cuentas de los empresarios y profesionales que integran el máximo órgano de gobierno del Barça arranca con el desacuerdo sobre la tributación de las aportaciones que los integrantes de la candidatura de Sandro Rosell hicieron para sufragar los costes de su campaña electoral durante el primer semestre de 2010.

Una empresa de Sandro Rosell

Cada uno de los miembros de la junta directiva de la institución azulgrana aportó entonces cantidades que oscilaron entre los 30.000 y los 50.000 euros para hacer frente a los gastos de la campaña electoral. De hecho, la empresa Bonus Sports Marketing, sl (BSM), propiedad del entonces candidato y después presidente Rosell, emitió facturas a cada uno de los futuros directivos, según se ha podido conocer por la actuación inspectora de Hacienda. El propio aspirante a la presidencia del club se encargó, a través de una sociedad de su propiedad, de efectuar la recaudación, entre todos los aspirantes.

En esas facturas es donde el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha situado el punto de mira. Según relatan miembros de la directiva afectados por las inspecciones, las facturas se emitieron a sociedades de la mayoría de los integrantes de la junta, que a su vez procedieron a desgravárselas como gasto profesional o atribuible a sus empresas. La AEAT se niega a que ninguno de los que habían optado por esa práctica consideren ese gasto como imputable a su actividad profesional e inició procedimientos a varios directivos. El más obvio recayó sobre el actual presidente, Josep Maria Bartomeu, que es uno de los dirigentes que el Fisco tiene bajo su foco inspector.

Entre 8 y 9 afectados de 18 directivos

A pesar de la prudencia con la que se pronuncian todos los afectados, la mitad de la junta (entre 8 y 9, según ha podido comprobar este medio) admite que hace un año se produjo la comunicación oficial de la apertura de inspecciones sobre sus empresas o actividades profesionales. Algunos directivos, como los vicepresidentes Javier Faus o Carles Vilarrubí, protegieron sus intereses personales mediante declaraciones complementarias o consultas previas a Hacienda sobre cómo actuar con la tributación de ese gasto. En algún caso se produjo una doble tributación: a través del impuesto de sociedades y con una declaración adicional de IRPF. Esa cautela los libró de Hacienda.

Los inspectores de la Agencia Tributaria consideran que las cantidades económicas aportadas por los miembros de la junta barcelonista para financiar la campaña de Rosell son donaciones personales y en ningún caso deben considerarse con la ley general tributaria en la mano como gastos imputables de sus sociedades, sean patrimoniales o desarrollen cualquier actividad. Así, la gran mayoría optó por proceder a una regularización urgente y tributó finalmente esa cifra a través del impuesto de la renta (IRPF).

El riesgo de la inspección

Quienes tuvieron menos reflejos, según comenta alguno de los afectados, o se resistieron conceptualmente han visto cómo la AEAT abría inspecciones sobre sus negocios. "Igual tienes bien consignado y tributado el tema de la campaña electoral, pero entonces te encuentran algo sobre el leasing del coche", asegura resignado uno de los 18 integrantes de la directiva, en su mayoría empresarios con negocios en diferentes sectores de actividad. "Existe un caso de un directivo jubilado –explica otro de los miembros de la junta– que también lo paso a través de su empresa y eso Hacienda lo considera una tomadura de pelo".

La mayoría de los que regularizaron sus cuentas con Hacienda lo hicieron a partir de que Sandro Rosell avisó a sus antiguos compañeros de junta directiva de que su empresa BSM estaba siendo inspeccionada tras el estallido del caso Neymar, poco antes de su súbita retirada del club.

En opinión de expertos fiscalistas consultados, la posición de la Agencia Tributaria es irreprochable en este caso: "Un gasto deducible debe estar relacionado con los ingresos de la empresa. Y aquí no se da el caso, por lo tanto son una retribución es especie por la que tiene que tributarse en IRPF". Asesores que han trabajado para algunos directivos explican que la recaudación de fondos se hizo de manera tan irregular que varios afectados no sólo se dedujeron el gasto, sino que incluso lo hicieron con el IVA de la factura emitida por la empresa de Sandro Rosell.

 

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