Tres propuestas para salvar a la Federación Catalana de Balonmano

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El organismo que preside Tomás Moral inicia las vías de negociación con el Ayuntamiento de Cerdanyola, sin obtener respuesta

El presidente de la FCH, Tomás Moral | VM

27 de octubre de 2014 (19:59 CET)

La Federación Catalana de Balonmano (FCH), que se enfrenta a su posible desaparición antes de que acabe el año, ha enviado tres propuestas al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès para resolver el contrato de explotación de las instalaciones deportivas PEM Guiera, situadas en Cerdanyola. Sin embargo, todavía no ha obtenido respuesta.

El organismo que preside Tomás Moral ha abierto las negociaciones con el consistorio con el fin de conseguir cuanto antes la viabilidad de la FCH. Siempre con ese objetivo en mente, el organismo ha realizado las siguientes proposiciones:

1) Estudiar conjuntamente con el Ayuntamiento que gobierna Carme Carmona las posibilidades judiciales para resolver el contrato. La FCH pide a Cerdanyola que no recurra la sentencia del juez que desestima la impugnación del convenio de acreedores puesto que no tendría efectos positivos para el municipio y sí tendría un impacto negativo en la 'Fede', al borde de la extinción.

2) Reabrir las conversaciones también con Bankia y con el Institut Català de Finances (ICF), principales acreedores de la deuda de construcción de las instalaciones de Guiera, para que se busque una fórmula de pago que agrade tanto a los bancos como al municipio del Vallès.

3) Retomar contacto con la Generalitat de Catalunya para que intervenga en la negociación y ayude a resolver la problemática con el Ayuntamiento de Cerdanyola.

El 8 de noviembre termina el plazo para interponer el recurso

La FCH sigue esperando una respuesta de Cerdanyola tras haber enviado varios escritos en los últimos días –22 y 24 de octubre– y haber solicitado en persona a la alcaldesa que no recurriese la sentencia en la movilización convocada el pasado lunes (20 de octubre) en la Plaça de l'Ajuntament del municipio.

La única respuesta ofrecida por el consistorio abría la posibilidad a negociar al tiempo que ponía en manos de sus abogados la formulación de un recurso ante el juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona. La contundente sentencia desestimatoria, y condenatoria a pagar las costas, fue publicada el 15 de octubre. El plazo para interponer el recurso es de 20 días hábiles desde esa fecha: termina el 8 de noviembre.

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