La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Cerdanyola por su gestión en deportes

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Seis jefes y exconcejales del consistorio están imputados por participar en adjudicaciones irregulares a la Federación Catalana de Balonmano

El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

06 de noviembre de 2014 (00:00 CET)

La problemática que envuelve al Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès y a la Federación Catalana de Balonmano (FCH) no tiene visos de diluirse próximamente. Ni mucho menos. Fuentes del consistorio han confirmado a Diario Gol que la Fiscalía ha iniciado investigaciones contra el gobierno de la alcaldesa socialista Carme Carmona.

El motivo de las investigaciones reside en la supuesta adjudicación irregular de dos concesiones para administrar centros deportivos del municipio de Cerdanyola. En concreto, se trata del Centro Deportivo Altis –que cerró en junio de 2010– y de las Piscinas Municipales de Montflorit. Ambas concesiones fueron adjudicadas a la FCH, organismo con el que el Ayuntamiento está ahora enfrentado por la resolución del contrato de explotación de otras instalaciones deportivas, el PEM Guiera.

En estos momentos, y a falta de practicar nuevas diligencias, hay seis personas imputadas por un juzgado de instrucción. La mayoría, vinculadas al ayuntamiento por su participación en la concejalía de deportes. Con los nombres de los imputados todavía por confirmar, lo que se pueden avanzar son sus cargos: dos exconcejales de deportes, una jefa de deportes, un exconcejal de contratación y de economía y finanzas, una jefa de servicios económicos y una jefa del departamento de contratación.

El PP denunció las irregularidades

La Fiscalía se ha adentrado en este asunto de oficio, tras recibir un expediente y todo tipo de documentación de uno de los partidos de la oposición, el Partido Popular (PP). Al parecer, este partido –apoyado por otros de la oposición– detectó irregularidades en las adjudicaciones de las concesiones porque, según explican fuentes políticas, la ley exigía convocar un concurso para adjudicar las mentadas concesiones. En cambio, las adjudicaciones se hicieron a través del denominado procedimiento negociado.

La Federación Catalana de Balonmano, que no está siendo directamente investigada, asumió la administración de Altis y Montflorit. El presidente del organismo, Tomás Moral, fue llamado a declarar por la propia fiscalía en calidad de testigo y, según ha reconocido en declaraciones a este diario, aceptó la adjudicación: "Nos pidieron que gestionásemos aquellas instalaciones porque ya lo hacíamos en Guiera. Tuvimos la gestión de Altis durante cuatro años y nos ocasionaron unas pérdidas de 80.000 euros, así que tuvieron que cerrar".

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