La Federación Catalana de Balonmano y el Ayuntamiento de Cerdanyola acercan posturas

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Las dos partes vinculadas por la explotación de las instalaciones de Guiera negocian un acuerdo para resolver el contrato

Tomás Moral (presidente FCH) negocia con Carme Carmona (Alcaldesa de Cerdanyola)

23 de octubre de 2014 (22:26 CET)

La Federación Catalana de Balonmano y el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès han acercado posturas tras unas semanas intensas para el balonmano catalán. En estos momentos, las dos instituciones negocian un acuerdo para resolver el contrato de explotación de las instalaciones del PEM Guiera, cuya negociación lleva prácticamente tres años en marcha sin resultados satisfactorios.

La resolución favorable del juez concursal a la hora de rechazar la impugnación del convenio de acreedores propuesta por el consistorio y la condena a pagar las costas han sido una importante inyección de moral para el organismo del balonmano catalán. Sin embargo, sería un error cantar victoria antes de hora teniendo en cuenta los precedentes.

El lunes, la familia del balonmano catalán se manifestó en la plaza del Ayuntamiento de Cerdanyola y forzó un acercamiento pacífico y sentimental hacia Carme Carmona. La alcaldesa de Cerdanyola los recibió y se comprometió a buscar una solución favorable para todas las partes, pero está fuertemente presionada por grupos opositores de Cerdanyola del Vallès que amenazan con denunciar su gestión si cierra el acuerdo.

Urgente

Pese a ello, Carmona está por la labor de hacer lo que considera correcto y asumir la explotación de las lujosas instalaciones pertenecientes a su municipio tras negociar un pago a largo plazo de la deuda con los bancos (Bankia e Institut Català de Finances) y una posible quita de los tres millones que se deben.

Desde la Federación Catalana asumen que es urgente encontrar un acuerdo por dos motivos. Por un lado, a la 'Fede' se le acaba el tiempo de vida ya que lleva dos años sin recibir subvenciones públicas, vitales para su subsistencia teniendo en cuenta que tiene 600.000 euros de gastos. Por el otro, los 20 días desde la última sentencia del juez que tiene Cerdanyola para recurrir su decisión. Si no hay acuerdo antes, la presentación del recurso es más que probable.

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