El Barça pone a disposición de los directivos la declaración de Rossich y Deloitte ante Ruz

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El club azulgrana busca dar la máxima transparencia a los miembros de su junta directiva en símbolo de unión y cohesión

La junta directiva del Barça con miembros del staff técnico | FCB

26 de septiembre de 2014 (22:21 CET)

El FC Barcelona ha puesto a disposición de todos los miembros de la junta directiva las declaraciones de Antonio Rossich, director general, y de Artur Amich, el auditor del club de Deloitte, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre el 'caso Neymar', según ha podido averiguar Diario Gol

La contratación de Neymar, gestionada por el expresidente Sandro Rosell, provocó tensiones en la junta directiva cuando el juez de la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por el socio Jordi Cases. Rosell nunca desglosó el fichaje de Neymar a sus directivos. Sí lo hizo el presidente actual, Josep María Bartomeu, cuando lo relevó.

El Barça, en su voluntad de dar la máxima transparencia a la operación, reproduce desde este viernes las declaraciones de Rossich y Deloitte. No expone las palabras de Rosell ante Ruz porque ya no forma parte de la junta directiva del club.

Ruz descarta imputar a Faus y Bartomeu

Precisamente, este viernes el juez Ruz desestimó la petición de ampliar la querella efectuada por Cases y descartó la imputación del presidente Bartomeu y de su vicepresidente económico, Javier Faus.

Rosell cifró en 57,1 millones de euros el coste del traspaso de Neymar. El actual presidente, Josep Maria Bartomeu, elevó la cantidad hasta los 86,2 millones de euros, tras asumir, entre otras partidas, el pago de varias comisiones al padre del futbolista.

Disputa fiscal

Posteriormente, el Barcelona depositó 13 millones de euros en la Agencia Tributaria porque tanto el fiscal, José Perals, como el propio juez Ruz, encontraron indicios de un delito fiscal contra Hacienda. El motivo es que una parte de la retribución que percibió Neymar tributó en Brasil porque el Barça consideró que era una indemnización por incumplimiento contractual. En cambio, el fiscal considera que era una retribución laboral y que, por tanto, los impuestos derivados –esos 13 millones– se debían quedar en España.

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